El 17 de octubre de 1958, en el gobierno de Arturo Frondizi, se publicó en el Boletín Oficial la ley 14.499 de apenas 22 artículos. El segundo de esa norma estableció que “el haber de la jubilación ordinaria será equivalente al 82 por ciento móvil, de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función de que fuere titular el afiliado, a la fecha de la cesación en el servicio o al momento de serle otorgada la prestación, o bien al cargo, oficio o función de mayor jerarquía que hubiese desempeñado”. Este régimen estuvo en vigencia apenas 5 años de una historia previsional de por lo menos 106, que tuvo su inicio institucional en 1904 con la ley 4349 que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados públicos. Luego el sistema se amplió con los ferroviarios en 1915 y desde entonces se fueron sumando otras actividades hasta su generalización y estatización durante la gestión de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión y después en su primera presidencia.
Ese 82 por ciento móvil para las jubilaciones y el 75 para los pensionados se convirtieron en un reclamo histórico de fuerzas políticas del progresismo, de la izquierda y de organizaciones sociales vinculadas a la clase pasiva. Ese pedido ha actuado como interpelación a diferentes gobiernos democráticos que dispusieron la emergencia previsional, el congelamiento del haber por más de diez años, la disminución de las contribuciones patronales, el pago de sentencias judiciales con bonos de vencimiento a diez años o directamente la reducción nominal del 13 por ciento de las jubilaciones. Era una forma de expresar la exigencia de mejoras en los haberes y el repudio a decisiones políticas que implicaban violentar el derecho de los jubilados a tener un ingreso digno.
Los proyectos presentados en el Congreso y aprobados en comisión por diversas corrientes de la oposición, con nulo debate entre legisladores y exclusión de la opinión de funcionarios y especialistas en la materia, tienen esa impronta de bandera política, como también una burla al debate democrático tantas veces reclamado. El columnista político de este diario Mario Wainfeld explicó con sagacidad en la edición del jueves pasado que la oposición se indigna por la eventualidad de una vetocracia mientras genera las condiciones para incitarla. “A eso huele la implantación del 82 por ciento móvil, impulsada por partidos que gobernaron el país largos años y jamás se plantearon algo semejante”, sentenció. Pero a diferencia de la situación de décadas pasadas, cuando la demanda del 82 por ciento móvil era para protestar por la marginación de la clase pasiva, la administración kircherista no se encuentra en desventaja en términos de gestión en relación a ese tema. A su favor cuenta el de haber puesto fin al escandaloso negocio financiero de las AFJP con el aporte previsional de los trabajadores; haber dispuesto sucesivos aumentos de las jubilación mínima hasta acumular un alza del 497 por ciento desde 2003; haber impulsado la movilidad automática dos veces al año independientemente de los gobiernos de turno; y el de haber ampliado la cobertura previsional del 57 al 90 por ciento, incorporando 2,4 millones de nuevos jubilados con una moratoria flexible.
De todos modos, resulta legítima la disputa política alrededor del 82 por ciento móvil y cada sector recibirá apoyos o rechazos según la percepción social sobre intenciones y posibilidades en el sensible tema jubilatorio. El ilusorio salariazo de Carlos Menem en la campaña electoral del ‘89 es un oportuno antecedente para evaluar la responsabilidad política sobre iniciativas que generan expectativas en grupos vulnerables que posteriormente se frustran.
En ese campo de la política, delimitado los intereses en pugna, aparece la cuestión del financiamiento. Expertos previsionales de tendencias diversas explican que el 82 por ciento móvil para todas las jubilaciones no es un régimen sustentable más allá de que se pueda cumplir durante algunos pocos años. En forma acotada, como se plantea en uno de esos proyectos al vincularlo al salario mínimo vital y móvil, incorporaría otro factor de indexación, que requeriría una evaluación rigurosa sobre sus efectos en la economía y no sólo considerar la posibilidad de obtener fondos adicionales con el alza de las contribuciones patronales. Además, se relacionaría el haber mínimo con un salario piso para la discusión de paritarias, sin correspondencia con el esquema de financiamiento del régimen previsional. Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo estimaron que el valor de la jubilación mínima debería ser calculado en base al piso mínimo de la pobreza para las personas en edad pasiva, lo que requiere de un adecuado cálculo, descartando el que se define en términos generales. Las asignaciones monetarias indirectas (por caso, beneficios sociales del PAMI) y una canasta de bienes más complejas (mayor gasto en medicamentos) exigen una estimación particular. Goldberg y Lo Vuolo señalan, además, que el beneficio es individual, por lo que una pareja en edad de jubilarse gozaría de dos haberes, constituyendo un hogar con un panorama un poco más desahogado.
Tanto en países desarrollados como en los periféricos los sistemas previsionales se encuentran bajo proceso de revisión. Varios son los motivos que explican esa situación, entre ellos, el envejecimiento poblacional y la inestabilidad laboral. El desempleo, la informalidad y la flexibilidad laboral ponen bajo tensión al sistema jubilatorio. Cuando se desarrollaron los esquemas previsionales las economías registraban elevados niveles de empleo, con la característica de una gran estabilidad lo que otorgaba cierta previsibilidad al financiamiento del sistema y a los haberes. La relación aportante/beneficiario era muy favorable para contabilizar superávit en las cuentas de ese régimen. Ese saldo positivo se fue deteriorando por la evolución descripta del mercado laboral y de la estructura poblacional.
Este problema del financiamiento del sistema previsional, o sea su solvencia intertemporal, se ha estudiado en profundidad. Ignorarlo o confundir stock (fondo de garantía de sustentabilidad de la Anses) y flujo (aportes previsionales de los trabajadores) sólo (des)califica a los autores de proyectos y sus adherentes que pretenden ganarse la simpatía de los jubilados con una estrategia política poco decorosa. En esta instancia, develado el objetivo político y expuesto el problema estructural de financiamiento, resulta interesante abordar el concepto previsional que implica el 82 por ciento móvil, porcentaje tan apreciado por fuerzas políticas enroladas en la defensa de los intereses de los sectores más frágiles. Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo se atreven a cuestionarlo, proponiendo un sistema superador que seguramente provocaría la resistencia de muchos. En el libro Falsas promesas. Sistema de previsión social y régimen de acumulación plantean que “la reforma de cualquier sistema de previsión social no debe entenderse sólo como la búsqueda de un modo más eficiente de relacionar la institución con el bienestar de las personas. Debe entenderse también, y fundamentalmente, como parte de una estrategia que busca modificar la articulación entre el sistema de previsión social y los procesos de acumulación de recursos económicos y políticos”. Esa estrategia en el orden económico “es para modificar el patrón distributivo y los procesos de reproducción del capital”. Y en el orden político es “para impactar en la definición de ciudadanía”. En base a esos contundentes objetivos, sostienen que “la prioridad de un nuevo sistema de previsión social para la Argentina debería ser el pago de un beneficio universal e incondicional al que tengan derecho todas las personas que alcancen una determinada edad, independientemente de sus registros contributivos”.
Este provocador criterio de una jubilación básica igual para todos recibiría seguramente una fuerte resistencia porque en la sociedad está arraigada la idea de recibir en función a lo que se ha aportado. En ese punto, emerge el concepto del 82 por ciento móvil que Goldberg y Lo Vuolo observan, sin mencionar ese porcentaje, al señalar que “un modelo totalmente contributivo donde los beneficios se vinculan estrechamente con los ingresos de las personas, el patrón de distribución en la pasividad es más regresivo que la distribución antes del retiro”. Explican que “esto se debe a que este tipo de diseño previsional combina la reproducción de la desigualdad en la distribución de ingresos existentes con el efecto de la cobertura (previsional) incompleta”. En base a esa línea argumental se concluye que la tradicional demanda del 82 por ciento móvil para las jubilaciones se traduce en la convalidación de una regresiva pauta distributiva de los ingresos.
Décadas de postergación de la clase pasiva establecieron que aún persisten asignaturas pendientes en relación al monto del haber mínimo, que hoy alcanza al 50,6 por ciento del salario medio. Continuar con la política de aumentar esa suma, acelerar el pago de las sentencias judiciales por actualización y apurar una definición política para cumplir el fallo Badaro, entre otras, se presentan como parte de esa agenda. El necesario proceso de seguir mejorando las condiciones de vida de los jubilados transita por una carril diferente al de la especulación política mediática sobre el 82 por ciento móvil.
